3 jul. 2014

Retrato de la mala fe

Por @ruiz_senior

En la década pasada el actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, entonces decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, empezó a publicar sus columnas de El Espectador en un blog, del que me hice asiduo comentarista. Valga decir que ni conocía ni conozco la economía colombiana ni las "políticas públicas" del país para discutir con académicos importantes, pero el foro estaba abierto y hay gente que siempre "mete la cucharada". El caso es que llegué a familiarizarme con las opiniones del personaje, cuya afinidad con el antiuribismo de 2010 y cuya participación posterior en el gobierno del crimen organizado pretenden cubrirse de una ecuanimidad y una serenidad que en el fondo sólo ocultan la astucia y la ambición de un típico político local.

Recientemente, cuando buscaba una foto relacionada con la Constitución de 1991, me encontré un artículo de Gaviria de 2011 sobre el tema. Me parece que comentarlo permite a la vez describir al personaje y hacer algunas consideraciones sobre ese engendro.
CONSTITUCIÓN Y REALIDAD 
Mucho se ha escrito recientemente sobre la Constitución de 1991. El tono predominante de los editoriales y artículos ha sido celebratorio: las tiranías celebran los cumpleaños de sus líderes; las democracias, los aniversarios de sus constituciones. En esta ocasión, el aniversario ha servido para señalar la importancia del espíritu incluyente de nuestra constitución política y de su carta de derechos. Pero debería también servir para crear conciencia sobre la relativa ineficacia del voluntarismo constitucional y sobre los límites del derecho como herramienta de cambio social.
La última frase de este párrafo y sobre todo el texto en negrita deberían bastar para demostrar la perversidad del personaje. ¿Hay que entender que la Constitución de 1991 no cambió la sociedad? ¿O que no la cambió como predican sus promotores que quería cambiarla? Lo primero es rotundamente falso: el derecho sí es una herramienta que genera profundos cambios sociales y los que introdujo la Constitución de 1991 son la prueba. Lo segundo es indecente: la desfachatez típica, la suposición de que el lector es idiota y va a reducir la intención de alguien a la intención que proclama, como si alguien dijera "ninguno de los niños que Alfredo Garavito se llevó recibió las golosinas que le prometió".

El cambio social fue de tal nivel que el gasto público presupuestado en 1990 fue de 2.154,1 millones de dólares mientras que en 2000 fue de 39.728,3, ¡diecinueve veces más! Si eso no cambia una sociedad, ¿qué es "cambiar"? (Ver página 118.)

Lo que representó la Constitución de 1991 fue la prueba del éxito del voluntarismo constitucional y el poder ilimitado del derecho como herramienta de cambio social. La mentira indecente de Gaviria tiene que ver con su papel de figura del medio favorecido por esos cambios. Sencillamente finge tomarse en serio que se pretendía reducir la desigualdad. No hay otro nombre para eso que MALA FE.
Como lo señaló hace un tiempo el economista colombiano Eduardo Lora, la inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue “la búsqueda de la inclusión política y social, y la reducción de las grandes disparidades e injusticias mediante la adopción de un Estado Social de Derecho”. La Constitución de 1991 consagró una serie de derechos sociales, creó un mecanismo expedito para su protección, priorizó el gasto social y condujo, en últimas, a un aumento sustancial del tamaño del Estado. Pero el avance social fue inferior al presupuestado (en un doble sentido). El Estado Social de Derecho ha tenido más efectos simbólicos que reales. Cambió el discurso pero no la realidad.
La inspiración primordial de la Constitución de 1991 fue prohibir la extradición de colombianos, para lo que ese cambio en un articulito se disfrazó de revolución. Lo explica claramente alias Popeye en los minutos 22-26 de este video.


Se repite la misma mentira del primer párrafo. ¿Cómo no va a cambiar la realidad si el gasto público se dispara en una década? Los "derechos sociales" y el mecanismo expedito para protegerlos fueron los mecanismos por los cuales cambió la realidad. Un cambio profundo, drástico, inconmensurable. La acción de tutela es la abolición del derecho, toda vez que la autoridad concreta prescinde de las normas y de los contratos y decide el destino de los recursos comunes. El gasto social que se "priorizó" significó la multiplicación de los ingresos de la burocracia, es decir, de los estudiantes de 1990, que accedieron a privilegios inenarrables gracias a la enorme conquista social de Pablo Escobar (el propio Gaviria reconocía en otra ocasión que la mitad de los empleados públicos están en el primer decil de ingresos; la otra mitad son los policías, los soldados, las señoras que limpian y sirven tintos, etc.). El resultado fue que el índice Gini, que mide la desigualdad, pasó del 51,3 en 1991 a 60,7 en 2002, dato que previsiblemente no le parece a Gaviria digno de mención.

La perversidad de esa mentira ("no cambió la realidad") resulta mucho más evidente prestando atención al párrafo siguiente:
Durante los últimos veinte años los avances en educación y salud fueron notables. Pero el progreso social pareció perder dinamismo desde comienzos de los años noventa. El porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) disminuyó más lentamente durante los últimos veinte años que en las décadas precedentes. Las coberturas de servicios públicos, en agua potable y alcantarillado en particular, dejaron de crecer. Más preocupante aún, el desempleo y la informalidad laboral aumentaron de manera significativa, se convirtieron en una realidad inescapable, trágica para la mayoría de los colombianos sin educación universitaria. En síntesis, la exclusión económica pudo mucho más que la inclusión social promovida por la Constitución de 1991.
¿Se entiende? Las necesidades de la mayoría de la gente se satisficieron más lentamente que en las décadas anteriores a pesar de la expansión increíble del gasto público mientras que las oportunidades de empleo se redujeron. ¿Cómo es que no cambió nada?

Valga decir (y es muy curioso porque todo lo que pasa en Colombia es eso, que nadie pretende hacer frente a la verdad), ¿qué significa una expansión del gasto público y una creación de derechos que sólo produce menos oportunidades para los de abajo y en realidad mucha mayor exclusión? Si los colombianos no fueran un tipo de criaturas que imitan a la humanidad sin llegar a asemejársele no habría ninguna necesidad de señalar la mala fe del personaje. ¿Cuál es la exclusión económica que puede más que la inclusión? Siempre sirve el ejemplo que puse antes de Garavito. Todo es claro, manifiesto: los universitarios promueven unos cambios que les generan privilegios e ingresos altísimos respecto de los demás al tiempo que se multiplica la tributación sobre los sectores productivos, que es lo que genera exclusión: la inclusión que predica el engendro del M-19 y Pablo Escobar es mucho más absurda y falsa que las golosinas que prometería el sociópata.
Las grandes disparidades sociales tampoco disminuyeron. Todo lo contrario. La desigualdad del ingreso aumentó, primero rápidamente y después a un ritmo menor. Los indicadores actuales de concentración del ingreso son los mayores de los últimos 50 años. Resulta paradójico que, precisamente en el vigésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia haya pasado a ser el país más desigual de América Latina. Al fin y al cabo el Estado Social de Derecho tenía como objetivo preponderante la reducción las desigualdades sociales. Pero la realidad económica fue más fuerte que la ficción constitucional.
Parece que Gaviria creyera, aunque es la rutina de la universidad, que repetir una mentira la haría creíble. Es obvio que las disparidades sociales no disminuyen sino que aumentan porque la expansión del gasto público sólo significa la multiplicación de las rentas de los que viven del Estado, como es evidente de mil maneras, sobre todo porque nadie explica qué pasó con el dinero público tan copiosamente gastado. La afirmación de que los indicadores de concentración del ingreso son los mayores de los últimos cincuenta años es una mentira si se tiene en cuenta que se refiere a 2011 (Índice Gini en 2010, 55,9, mucho más bajo que en 2002 gracias a los gobiernos de Uribe). La frase que resalto en negrita es otra falacia brutal: la realidad económica es el efecto de la Constitución, que simplemente reforzó el orden tradicional de dominación de la minoría asociada al Estado.
Las explicaciones a la paradoja anterior abundan. Algunos culpan a las reformas liberales de los años noventa. Otros, a la corrupción y a la confusión de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Otros más, a la inseguridad y la violencia. Sea cual fuere la explicación, el contraste entre las intenciones y los resultados es innegable. "No seremos los mismos”, dijo el Presidente Santos este viernes al sancionar la Ley de Víctimas en un tono reminiscente al de hace veinte años. Sin ánimo de hacer de aguafiestas, no sobra recordar la gran enseñanza de este nuevo aniversario de la Constitución de 1991: las normas por sí solas no cambian la realidad.
La idea de que hay una paradoja ya es una mentira muy cínica. Todo lo que ocurre es simple y claro: la clase burocrática ensancha su poder y sus rentas y empobrece al resto de la sociedad, en particular a los sectores productivos. Las explicaciones que menciona son las diversas mentiras que se dicen para ocultar ese hecho patente y obvio, que casualmente no se le ocurre mencionar.

Y la frase final vuelve a resumir la misma idea de antes, la misma mentira. Las normas sí cambian la realidad, lo dice él mismo cuando alude al gasto público (que al parecer ya no forma parte de la realidad). Las normas derivadas del triunfo del M-19 y Pablo Escobar sí cambiaron la realidad al punto de enriquecer de forma fascinante a los profesores universitarios (que cobran unas quince veces lo que cobra la mayoría de la gente, el salario mínimo, cosa inimaginable en cualquier país civilizado). Lo que pasa es que no cambian la realidad en el sentido que proclaman sino en el contrario, cosa que es evidente y que con la mayor deshonestidad Gaviria no percibe. No iba a echarse en contra a la clientela que podría encumbrarlo, naturalmente.

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