19 feb. 2015

El informe de la comisión histórica

Por @Ruiz_senior

Una de las cosas que más me despiertan curiosidad es lo que el gobierno les habrá pagado a los miembros de la Comisión Histórica por sus legitimaciones del terrorismo. Casi se podría resumir la historia reciente en que ciertos mandarines de la universidad encontraron en adoctrinar asesinos y encargar atrocidades una forma de acceder al presupuesto más eficaz que las lambonerías y pseudoempresas que servían a sus primos dedicados a la política "tradicional". Es el caso de Alfredo Molano, abierto promotor de las FARC que además de en la citada comisión figura entre los beneficiarios de contratos del llamado "Carrusel de la Paz".

Acerca de la composición de dicha comisión, una instancia tan comprometida en el genocidio como el propio Secretariado de las FARC, ya escribí un comentario hace unos meses. No hay que detenerse a pensar por qué el gobierno tiene tanto interés en pagar a líderes del terrorismo para que publiquen sus falacias legitimadoras del crimen: ya he explicado muchas veces que el sentido del Estado es la ley y cuando pierde ese norte sólo es una banda de forajidos. La paz consiste en que los intereses de Santos, su gabinete, sus aliados en el legislativo y todas sus clientelas los llevan a convertir al Estado en un apéndice de la banda terrorista, tal como un policía que se deja sobornar de un ladrón es sólo otro ladrón.

Pero tiene gracia encontrar las mentiras repugnantes de la propaganda terrorista publicadas con recursos del gobierno, lo que les da carácter oficial. Se trata de textos que seguramente habrían escrito antes o que son refritos de sus anteriores "obras". Es asombrosa la celeridad con que los escribieron. Si las sentencias judiciales se escribieran en ese tiempo ya no habría procesos que tardan tanto tiempo. También es llamativa la ausencia de comentarios críticos: los uribistas al parecer confían en que nadie va a leer el texto de más de ochocientas páginas, y no tendrían mucho que contestar al resumen que publicaron en otro medio, seguramente también beneficiario de contratos con el comisionado de paz.

Bueno, voy a escribir comentarios sobre el decálogo con que pretenden concluir el citado informe:
1. La historia de Colombia puede definirse como el “fracaso o aplazamiento indefinido de reformas sociales” (Sergio de Zubiría). Sobre este punto, advierten los expertos que si el país quiere garantizar un postconflicto en paz, sólido y duradero, tendrá que asumir reformas de fondo para que la violencia no se vuelva a reproducir.
Sí, ahí la tienen, la revolución por contrato: los que encargan los asesinatos, aunque en el caso de Javier Giraldo, por no hablar del de Eduardo Pizarro, es muy probable que los haya cometido directamente, amenazan con seguir si no se impone lo que ellos desean, pasando por encima de lo que la gente quiera elegir en las urnas. ¿No es lo que dicen? En Colombia la educación consiste en el cercenamiento de la aptitud lectora, cada vez hay más niñas que se llaman Alexia, que es el nombre de ese trastorno. Por eso la gente cuanto más estudia menos entiende esa obviedad.
 2. Las disputas por tierras y en especial la carencia de una reforma agraria efectiva son uno de los principales factores detonantes del conflicto. Dario Fajardo destaca que estas tensiones han incluido una excesiva concentración de la propiedad rural, desorden en las formas de apropiación de tierras baldías, débil legitimidad de los títulos de propiedad y formas de autoridad arcaicas en el seno de la propiedad.
Claro, la financiación soviética y cubana a las bandas terroristas no tiene nada que ver, y casualmente no se echa de menos la ley, pues ¿será el primer país en el que existe la propiedad privada sobre la tierra? Pero ¿de qué modo las peleas por tierras llevan a que unos asesinos negocien las leyes con las autoridades legítimas? Sólo es que en las ciudades y fuera de Colombia no saben que los crímenes sólo son la continuación del movimiento estudiantil por el que los autores del informe consiguieron sueldos de decenas de veces los que reciben los colombianos productivos, y un poder creciente. Entonces puede haber quien crea que se trata de una rebelión agraria.
 3. El tema de la reintegración será esencial para consolidar el posconflicto. Francisco Gutiérrez advierte en su ensayo que uno de los factores que explica la prolongación del conflicto armado en Colombia ha sido que nuevos actores armados reclutan a personas experimentadas de ciclos armados anteriores. Incluso, destaca, líderes de bandas criminales provienen de grupos guerrilleros.
Esta vez se refiere a la integración de los sicarios que obedecen a Gutiérrez Sanín (pensador que abiertamente alienta a matar y se formó en la Polonia comunista) como empleados estatales con gran autoridad en las regiones. De eso trata el posconflicto, del triunfo total de estos asesinos gracias a la indolencia general.
 4. Aunque Colombia ha sufrido el conflicto desde los años cuarenta, ha habido ciclos de recrudecimiento de la violencia. El actual se originó en los años ochenta, relacionado con el surgimiento del paramilitarismo y con la presencia de cuantiosos recursos financieros provenientes del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. 

El ciclo de violencia actual no se originó en los años ochenta sino en los noventa, al respecto se puede ver este gráfico.

Y su causa evidente fue la Constitución de 1991, que prácticamente legalizaba la violencia política, no sólo por los carros bomba que permitieron imponerla sino porque en su texto incluye los crímenes que reducen penas a otros crímenes y la disposición a negociar las leyes con bandas armadas.
 5. La clase dirigente colombiana no adoptó las medidas que se requerían para prevenir el recrudecimiento del conflicto o las que adoptó fueron insuficientes. En algunos casos, incluso, quiso aprovecharse de estos factores, como ocurrió con la parapolítica o con la permisividad frente al narcotráfico.
La clase dirigente colombiana es exactamente la que dirige las guerrillas, como ocurre con los propios autores del informe o con el grupo de Alternativa, hoy totalmente hegemónico en los medios bogotanos. El "conflicto", es decir, la orgía de crímenes que encarga esa clase, le sirve para lucrarse del negocio de la cocaína atribuyéndoselo a otros (aunque cada día es más clara la implicación de la satrapía cubana, íntimamente ligada al clan de los López-Santos-Samper) y robando con el pretexto de la paz, como ocurre con este mismo informe.
 6. El conflicto tiene enormes diferencias regionales, lo cual se ve agravado por la enorme complejidad geográfica de Colombia, que es una de las cinco mayores del mundo. Esta complejidad ha favorecido la acción de los grupos ilegales y ha dificultado la presencia del Estado. 
Esta vez parece una epidemia ajena a las organizaciones terroristas propiamente dichas. ¿Tienen que ver las FARC en "el conflicto"? Se trata de convertir éste en un fenómeno ajeno a la "insurgencia", o como quieran llamar a las bandas de asesinos. Ya he explicado que todo el informe es sencillamente la propaganda legitimadora, tal como la marcha de Mockus.
 7. La población civil, y en especial, la de las áreas rurales ha sido la más afectada por el conflicto y todos los actores armados han sido responsables de crímenes contra ella. Los agentes estatales han sido responsables especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los movimientos guerrilleros del uso de minas antipersonas, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito ataques contra bienes civiles y públicos, y daños ambientales. Y los grupos paramilitares de asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras, tortura y delitos sexuales. 
Con lo que el intento de aplicar la ley es la principal causa del crimen. En el supuesto de excesos de agentes estatales, ¿no se los castiga? Sí, a tal punto que los jueces son verdaderos sicarios al servicio de las mismas bandas terroristas, absolutamente inicuos, como se puede comprobar con el caso de Plazas Vega. ¿Se pueden comparar esos delitos de agentes estatales con la actividad de los terroristas? Sería absurdo, una ínfima parte. Pero se utilizan para legitimar los crímenes previos, que son los que se premian con la paz. ¿O no? Es difícil de comunicar: pensar que hay personas mintiendo así y otras que reproducen esas infamias lo hace avergonzar a uno de la humanidad. Se entiende el asco de Fernando Vallejo ante la idea de que se sigan reproduciendo los colombianos: no debería extenderlo a toda la humanidad.
8. El conflicto también ha mostrado una notoria deficiencia del Estado colombiano para detentar el monopolio de la fuerza, lo cual, entre otros, favoreció el surgimiento de grupos paramilitares. La débil capacidad del aparato judicial en Colombia también ha contribuido al aumento de modalidades de justicia privada. 
Dado que el Estado ha sido inepto a la hora de ejercer el monopolio de la fuerza, ¡pues se premia a los delincuentes! Una vez convertidos en gobernantes va a reinar la paz. La lógica de eso es tan repugnante que uno se queda pensando si lo está leyendo de verdad. La "débil capacidad" del aparato judicial consiste simplemente en que los jueces no ejercen justicia sino iniquidad gracias a que tenían de profesores a los asesinos que redactan el informe.
 9. Aunque la elección popular de Alcaldes y Gobernadores fortaleció la democracia en el país, también fue un factor que tuvo consecuencias negativas en el conflicto, no solo porque propició el asesinato sistemático de líderes políticos, sino porque muchos de ellos se aliaron con los actores armados para impulsar sus actividades políticas. 
Pero ¿cuáles son los "actores armados"? Ahora el ejército y la policía se presentan como ajenos al Estado, de modo que si un alcalde o gobernador intenta aplicar la ley contra los subalternos de los autores del informe, resulta siendo un causante del conflicto. ¿No es lo que dicen?
 10. El conflicto ha significado una derrota para todos los colombianos. La guerrilla no pudo conquistar el poder por la vía de las armas y el Estado no ha logrado consolidar su presencia en todo el territorio. Además, ha empobrecido más a los sectores sociales más pobres y ha sido un enorme obstáculo para el desarrollo económico.
Esto ya es maravilloso. ¿Cuál será el patrimonio de los autores del informe? Yo podría apostar a que todos tienen bienes por muchos millones de dólares, fruto de su interés por el conflicto y las maravillosas rentas que les proveen las universidades, los contratos con el Estado (sobre todo con el gobierno de Santos, pero también con los de Uribe y los anteriores, de lo que apenas se conoce la punta del iceberg). ¿De qué modo es una derrota para ellos? ¿Y para sus compañeros del Secretariado de las FARC? Claro que ha empobrecido a los sectores más pobres, baste ver lo que significó la Constitución de 1991 con la multiplicación del gasto público y la acción de tutela (el registro de Colombia en el coeficiente de Gini empeoró casi diez puntos en una década). La tiranía terrorista que viene, en la que estos asesinos serán embajadores y ministros, traerá mucha más miseria, como ha sido para los cubanos pobres (los negros y mulatos) el régimen de los Castro, y como lo han sido todos los regímenes comunistas en todo el mundo.

La paz sólo traerá más muerte, tal como ocurrió después de 1991. La razón es simple, premiar el crimen es incentivarlo. Darles poder a los asesinos es alentarlos a matar, como sigue haciendo Petro como representante de la "izquierda" ligada a las FARC y el ELN. Para el interesado dejo este video, que tal vez ya conozcan los lectores.

1 comentario:

Anónimo dijo...

La redacción del punto diez es, como mínimo, llamativa. Dala impresión de que si a guerrilla hubiera "conquistado el poder por la vía de las armas", entonces los colombianos no serían los perdedores del "conflicto".

Muy colombiano el documento ese. Las conclusiones son un reflejo inmaculado de la universidad colombiana.