19 may. 2015

Justicia irreformable

Por Jaime Castro Ramírez

Las ideas que implican transformación de caducas estructuras organizacionales requieren decisiones importantes apoyadas con la firmeza del propósito de cambio. No de otra forma se logra reorientar procesos que requieren imprimirle una nueva dinámica en eficiencia de gestión. Para este fin, hay que acudir a una condición lógica que consiste en no involucrar en el debate por el cambio a quienes por tiempos han utilizado sistemas anacrónicos de procedimientos que les proporcionan privilegios que para ellos son irrenunciables por su apego a los intereses individuales de los cuales se usufructúan. Pero qué tal si a lo anterior se le pone el agregado oprobioso de la corrupción que suele ser el ingrediente más apetecido por los fantasmas impostores del poder que arremeten inescrupulosamente contra el patrimonio público.

Causa de la fallida reforma a la justicia en Colombia
En el primer gobierno del presidente Santos ocurrió el más estruendoso fracaso con lo que se llamó “reforma a la justicia”, y de lo cual se observa que no se aprendió la lección, pues en grande medida este fracaso tuvo su origen en haber involucrado en el debate a los magistrados de las altas Cortes, dizque para consensuar con ellos la pretendida reforma.

El grande error de cálculo consistió entonces en intentar estructurar un cambio con quienes no quieren cambiar. En ese fallido intento de reforma, al final no aparecieron los cambios que realmente requería la justicia, como por citar algunos ejemplos: acabar con el engendro del Consejo superior de la Judicatura creado por la constitución de 1991; darle fin a la puerta giratoria en las altas cortes que consiste en que ‘tú me eliges yo te elijo’; terminar también con la corrupción en las altas cortes del llamado ‘cartel de las pensiones’ donde unos magistrados titulares le dan la oportunidad a otros magistrados auxiliares para que ejerzan el cargo por dos o tres meses con el único fin de que con ese cortísimo periodo obtengan una altísima pensión de magistrado; despolitizar la justicia quitándole el poder de nominación a las Cortes, etc., pero lo que si aparecía en la mencionada reforma fueron ventajas adicionales para los magistrados, como por ejemplo la ampliación de la edad de retiro de 65 a 70 años, y otros privilegios. En consecuencia, el resultado no podía ser diferente al rotundo fracaso en que terminó.

Ahora, en el segundo gobierno de Santos, se tramita en el legislativo otra reforma constitucional denominada “equilibrio de poderes”, y ahí se habla nuevamente de reforma a la justicia, solo que será un nuevo intento fracasado porque vuelven al error anterior de buscar consenso vinculando en la discusión a los mismos actores adversos a cambiar: los magistrados de las Cortes, y en este caso del equilibrio de poderes, incluyendo en la discusión a otros altos funcionarios que no aceptan cambios que los toque a ellos. También se habla en este proyecto de un Tribunal de Aforados para reemplazar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y para que investigue y juzgue en casos de mala conducta de magistrados y de otros funcionarios que disponen de fuero.

De entrada este Tribunal de Aforados tiene el serio inconveniente de la politización, pues plantean que sus miembros sean elegidos por el presidente de la república y por el congreso de la república, que igual que la Comisión de Acusaciones, para nada servirá, además de que hay funcionarios como el Fiscal General de la Nación que no quiere que nadie controle sus actos. Se convertirá entonces esta reforma en la repetición de una misión imposible que seguirá causando grandes traumas a la sociedad colombiana en un poder esencial que es la administración de justicia.

Alternativas de reforma a la justicia
Para reformar efectivamente lo que es un verdadero fiasco en la administración pública (75% de desaprobación en las encuestas), que es la justicia, existen dos alternativas: La primera, que se haga vía congreso de la república, sin vulnerar derechos, pero eso sí sin contar con proposiciones provenientes de las Cortes que seguramente serán negativas al cambio; y la segunda, si el Congreso no es capaz de hacerlo, pues solo quedaría la instancia de apelar a una Constituyente para la misión específica de reformar la justicia, o sea que tendría la denominación de ‘Constituyente para reforma de la justicia’, sin facultades amplias que le permitan incursionar en la elaboración de una nueva constitución, en lo cual quedaría la duda si a una Constituyente se le puede limitar en sus facultades, pues por principio pareciera que no.

¿Será que el país está condenado a una justicia irreformable en su condición politizada, inoperante y corrupta como la actual que detestamos los colombianos, es decir, justicia solo de nombre porque no hay justicia? La patria colombiana no puede continuar en esta afrenta contra el derecho de todos los pueblos a tener una verdadera justicia.

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