Por Jaime Castro Ramírez
Quienes gobiernan reciben un mandato del pueblo que tiene que ser ejercido con convicción patriótica para conservar la majestad del Estado de derecho y el bienestar de la sociedad. Para este propósito el gobernante recibe la investidura de la ley para hacerla cumplir a través del ejercicio de la autoridad. Gobernante que prescinde de ejercer el principio de autoridad empieza a construir el camino de la anarquía, pues esa coyuntura es la que pretenden encontrar quienes actúan en contra de la ley, y en contra del Estado y su institucionalidad.
En el escenario de la grande gestión de gobierno aparece entonces el calificativo que identifica la figura de ‘estadista’, calificativo que solo lo obtiene quien ha sido formado en la filosofía de Estado, quien conoce los argumentos propios del poder bien ejercido y que por lo tanto tiene la dimensión de ejecutorias que lo hace acreedor al reconocimiento de ‘hombre de Estado’, quien se diferencia ampliamente de lo que es común en los altibajos propios de la cotidianidad política.
Lo que ocurre actualmente en Colombia
El Estado, la nacionalidad y los valores patrios están por encima de los intereses personales de quien recibe la potestad de ejercer el poder. En Colombia se elige un gobernante para que haga respetar valores fundantes, como son: la democracia, la soberanía nacional, la vida honra y bienes de la gente, y la institucionalidad del Estado de derecho, con base en la Constitución y la Ley, pero de ninguna manera se elige con potestad para negociar la ley.
Se está hablando de paz, pero con demasiados interrogantes convertidos en dudas sobre si lo que se está negociando realmente significa paz. La percepción generalizada de los colombianos es que se está negociando la ley en las concesiones a los contertulios Farc, en plena desventaja para la integridad del Estado colombiano.
Durante la actual administración el terrorismo se ha fortalecido nuevamente, y de qué manera, pues la debilidad del gobierno la han aprovechado las Farc para incrementar sus acciones terroristas en contra de la población civil. Lo desconcertante es que ante salvajes ataques terroristas el presidente Santos solo atina a decir: “Por eso es que quiero terminar esta guerra”. No se da cuenta que con tal expresión le está dando vía a que los terroristas sigan actuando de igual manera, pues ellos si utilizan la sagacidad mental para interpretarlo como debilidad, y le darán la significación de falta de autoridad, como efectivamente lo es, pues de parte del presidente Santos ya no existe ni la palabra ‘terrorista’ para condenar tales hechos, lo cual no resiste un análisis diferente a concluir en que se está legitimando el terrorismo.
No se ha firmado la paz pero las Farc ya se sienten con poder como para dar directrices desde La Habana para que sean atendidas desde el gobierno. En círculos políticos se habla de que la salida de Juan Carlos Pinzón como ministro de defensa se debió a exigencia de las Farc porque él los incomodaba mucho tratándolos de terroristas (lo que realmente son), y entonces había que ubicar allí a alguien de otro talante, no se sabe si personaje también sugerido por ellos.
Lo que faltaba ya se está viendo, que la gente no respeta a la policía y la expulsa de su sitio de trabajo procediendo a destruir las instalaciones de su cuartel. ¿Será que a esto se le puede llamar anarquía? ¿Será que este caos es ordenado por las Farc? ¿Dónde está la autoridad para hacer presencia inmediata en el sitio e implantar el orden y ejercer soberanía territorial?
La resignación de autoridad pareciera indicar que el presidente Santos está obsesionado por firmar con el nombre de PAZ ‘cualquier cosa’ que resulte atendiendo las exigencias de las Farc, lo cual evidentemente no será la paz de los colombianos. Y entonces pareciera que tal obsesión tuviera un direccionamiento narcisista, es decir, tendiente a enaltecer su propia imagen, pues mucho se ha rumorado sobre su intención de aspirar a un premio nobel de paz, solo que sería un premio nobel de paz contradictorio a su institución filosófica: la paz.
El poder sin autoridad equivale a la negación a ejercer el poder institucional otorgado por el pueblo, y cuya identidad es la debilidad del gobernante.
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