Por Lia Fowler
Mientras se supone que Aronson promueva los intereses de los Estados Unidos –el mercado libre, la democracia, y el estado de derecho–, no ha sido más que porrista de un acuerdo que ha fortalecido a uno de los grupos terroristas más ricos y despiadados del mundo. ¿Será que los intereses financieros de “Nuestro Hombre en la Habana” y los de los de EE.UU. no son los mismos?
El 19 de febrero de 2016, el corregimiento de El Conejo, en el departamento de La Guajira, Colombia, se mostró al mundo cómo será la llamada “paz” si los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los narco-terroristas FARC-ELN en la Habana se llegaran a refrendar. Cientos de terroristas –portando fusiles, metralletas, granadas, y cananas– descendieron sobre la población de 2.000 habitantes. Algunos llegaron en buses, otros en camionetas robadas a civiles a punta de fusil. Los acompañaron varios comandantes de las FARC, quienes viajaron desde la Habana transportados por la Cruz Roja, por petición del gobierno Santos. El Ejército Nacional, que mantiene una presencia visible en la zona, se había retirado la noche anterior, según pobladores. Esto dio vía libre para que las FARC celebraran un evento de todo el día, marcharan con su arsenal por un colegio, y robaran y sacrificaran diez novillos de una finca vecina para darle almuerzo a su comitiva. A eso le llamaron “pedagogía de paz”; a mano armada.
Los colombianos reaccionaron con la debida indignación, mientras que Santos, las FARC, y la Cruz Roja se dedicaron al patético espectáculo del “yo no fui”. Pero en una entrevista con el Washington Post, Bernard Aronson, enviado de los Estados Unidos a las negociaciones en la Habana desde febrero de 2.015, inmediatamente minimizó los hechos, diciendo, “Lo importante es que las partes solucionaron el problema diplomáticamente.”
Aronson evadió el punto: los eventos en El Conejo presagian el futuro de Colombia, según los términos del acuerdo que él tan efusivamente avala. El acuerdo resultaría en que múltiples zonas del país quedarían bajo control de criminales armados, cuyo propósito siempre ha sido instaurar una dictadura al estilo cubano en Colombia. No es sorprendente que la mayoría de los colombianos –más del 80 por ciento– rechacen los puntos claves del acuerdo, que incluyen que los terroristas no pagarán cárcel por ninguna atrocidad, no entregarán sus armas, tendrán control territorial, y obtendrán estatus y elegibilidad política.
Pero, mientras se supone que Aronson promueve los intereses de los Estados Unidos –el mercado libre, la democracia, y el estado de derecho–, él no ha sido más que porrista de un acuerdo que ha fortalecido a uno de los grupos terroristas más ricos y despiadados del mundo. ¿Será que los intereses financieros de “Nuestro Hombre en la Habana” y los de los de E.E.U.U. no son los mismos?
Aronson es director fundador de ACON Investments, una firma de inversiones que tiene participación mayoritaria en tres compañías en Colombia, entre ellas Vetra Energía, compañía petrolera adquirida en 2013, y Grupo Sala, compañía de soluciones ambientales adquirida en 2011.
El tener negocios e inversiones en Colombia no necesariamente es un problema; se podría argumentar que habría mayor interés en la prosperidad de la nación a largo plazo. De hecho, en respuesta a una entrevista de Caracol Radio en 2015, el Departamento de Estado de EE.UU. manifestó que no había “probabilidad de conflicto entre las labores oficiales y los intereses financieros privados” de Aronson.
Pero sí lo hay: las inversiones de Aronson lo hacen extorsionable. Solo su participación mayoritaria en Grupo Sala sería cuestionable, pues su rentabilidad depende de contratos con seis alcaldías municipales, la mayoría en manos de aliados al partido de Santos. Pero Vetra Energía representa un conflicto de intereses aún mayor.
Vetra opera en zonas con accionar terrorista intenso por parte de las FARC. En 2014, los atentados de las FARC contra las instalaciones de Vetra resultaron en pérdidas de unos ocho millones de dólares, según fuentes periodísticas. El último atentado fue en junio de 2015, solo cuatro meses después del nombramiento de Aronson a la Habana. Los terroristas de las FARC bloquearon a mano armada un convoy de carro-tanques de Vetra y forzaron a los conductores a derramar 200.000 galones de petróleo, causando un desastre ambiental. Consecuentemente, el Presidente de Vetra, Humberto Calderon Berti, dijo en una entrevista con Blu Radio que, si los atentados continuaban, tendrían que suspender operaciones: “Suspender es cerrar los pozos, despedir a la gente que toma parte en la operación y parar actividades.”
Para resumir: Las FARC tienen la capacidad de acabar a Vetra, y el gobierno Santos también la tiene. En 2010 y 2012, Vetra recibió concesiones del gobierno para la explotación de hidrocarburos. Según la página web de ACON, éstas “representan una oportunidad de ganancia significativa para la compañía.” Sus concesiones en la zona del Putumayo incluyen 27 pozos que producen 14.000 barriles diarios, según cifras del gobierno. Pero una ponencia en la Corte Constitucional podría suspender las operaciones. Si la ponencia del Magistrado Alberto Rojas es aprobada por la Corte, las operaciones de Vetra en Putumayo se suspenderían mientras se adelanta un proceso de consulta previa con una comunidad indígena en la zona. Dada la notoria influencia que ejerce el poder ejecutivo en las Cortes, esta es un arma bastante contundente para el gobierno Santos.
Así es que Vetra opera gracias a la complacencia del gobierno Santos y las FARC. Siendo así, ya no sorprende que, como enviado a las negociaciones, Aronson se ha limitado a repetir la propaganda de FARC-Santos sobre el acuerdo de la Habana, ignorando las advertencias de la Corte Penal Internacional sobre los peligros y obvios problemas que traería el acuerdo. Opinión en la que concuerdan las organizaciones internacionales de derechos humanos, y la mayoría de los colombianos.
En un reciente artículo propagandista del New York Times sobre la participación de Aronson en la Habana, William Neuman escribió que el ejecutivo tenía un par de AK-47s con “cicatrices de batalla” colgados en su oficina: trofeos de su participación en negociaciones de “paz” en Nicaragua y El Salvador. Si se llegase a ratificar el acuerdo de la Habana, y Aronson decidiera colgar un tercer trofeo en su pared, nunca sabrá si fue una bala de esa arma la que asesinó a María Ángel, de dos años, mientras dormía en su cuna, en la masacre de las FARC en San Salvador; o la que segó la vida a Anderson Rodríguez, de nueve años, en la masacre de seis patrulleritos de policía cívica en Piedra Sucia; o a cualquiera de cientos de miles de personas que han muerto a mano de las FARC.
Pero de una cosa sí se tendrá la completa certeza: el arma que Aronson llegare a colgar como trofeo será la única arma que las FARC entregarán.
(Tomado de Periodismo Sin Fronteras.)
(Tomado de Periodismo Sin Fronteras.)
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