8 mar. 2016

Persecución a la oposición política

Por Jaime Castro Ramírez

La democracia no puede tener legitimidad si se restringen las libertades individuales persiguiendo a quienes piensan diferente. El pueblo no puede admitir un unanimismo perverso propuesto por un régimen, pues esto desvirtúa el sentido filosófico de la democracia, y por eso la respuesta tiene que ser la acción política de la oposición, para lo cual se requieren garantías que son exigencias al régimen por parte de la misma democracia.

Gobernante que usa el poder para perseguir a la oposición, conspira contra la voluntad del pueblo que lo eligió, y conspira contra la majestad de la democracia que el pueblo y la Constitución le exigen defender. Así se han forjado históricamente los traidores para luego convertir el poder democrático en un oprobioso régimen dictatorial.

Escudarse con la independencia de poderes
En el caso del actual gobierno colombiano, para referirse a las protestas que le ha hecho la oposición por presunta persecución en su contra privando de la libertad a sus dirigentes, suena democrático responder por parte del presidente Santos que “el gobierno no conspira a través de las Cortes ni de la Fiscalía”, o decir que “nadie persigue a nadie desde el gobierno a través de los despachos judiciales”, con lo cual pretende mostrar que su gobierno no tiene injerencia en las decisiones de los demás poderes. Pareciera difícil poder desmontarse olímpicamente de ese potro. Una cosa son estas expresiones presidenciales elaboradas conforme a la coyuntura que le ha merecido críticas, y otra cosa diferente puede ser la realidad frente a la oposición política. ¿Será que “las apariencias engañan”?

Ha habido una crítica reiterada por opositores al régimen y conocida por la opinión pública (voz populi), en la cual se afirma que el gobierno Santos ha contado con una fiscalía de bolsillo, de la cual se han observado actuaciones muy desafortunadas de intervención en política electoral por parte del Fiscal General, y a esto sumarle el perverso odio de perseguir a quienes estén alrededor del expresidente Uribe, llámense exfuncionarios, amigos, o familiares, actuaciones muy comentadas en corrillos políticos en el sentido de que presuntamente hayan sido direccionadas desde el poder ejecutivo. El adagio popular dice: “así paga el diablo a quien bien le sirve”, pues los traidores no tienen límite de deslealtad. Por lo menos causa mucha duda la larga la lista de miembros de la oposición (Centro Democrático críticos del gobierno) a quienes les levantan acusaciones de cualquier cosa y les forman un expediente con el fin de encarcelarlos, sin adelantarles una investigación seria, sin pruebas, y por lo tanto sin ser vencidos en juicio, utilizando la oprobiosa modalidad de ‘detención preventiva’.

Para citar un solo ejemplo, qué decir del caso de quien iba a ser candidato presidencial, con seria opción de ser presidente de la república, y fue encarcelado un poco antes de que protocolizara su legítima aspiración: Luis Alfredo Ramos Botero. Y por si faltaba, a quien reemplazó esa intervenida y frustrada candidatura de Ramos, y había ganado las elecciones presidenciales en primera vuelta, faltando 2 semanas para la segunda vuelta, apareció la fiscalía acusando a esa campaña con el cuento de un supuesto hacker que dizque intervenía comunicaciones, y entonces armó una acción teatral de un allanamiento de oficinas con toda la bulla posible de medios de comunicación a bordo para desprestigiar al candidato y así poder arrebatarle el triunfo en las urnas, como efectivamente ocurrió, favoreciendo la reelección presidencial de Santos. Esto se llama simplemente política sucia.

A propósito, Álvaro Gómez Hurtado decía: “El régimen utiliza política sucia porque es la manera de conseguir complicidades para mantener su predominio”.

En Colombia se observa que la justicia opera al revés: mientras a bandidos les dan casa por cárcel (y luego desaparecen), a gente decente de la oposición los encarcelan sin ser condenados. Pero además es bien sabido también sobre la existencia de acusaciones falsas por parte de lo que bien se llamó “cartel de testigos falsos”, acusaciones que causan serias dudas en la opinión pública sobre el por qué son aceptadas por la justicia, y que generalmente provienen de criminales que buscan rebajas de penas, o en otros casos quizás lo harán por dinero. Es como para no creerlo, pero incluso se han escuchado informaciones en el sentido de que la misma justicia en ocasiones habría buscado ese tipo de acusaciones para enjuiciar a quienes tengan en la mira.

Hay un asunto verificado y es que el gobierno se mortifica por la crítica de la oposición a lo que se ha llamado la ‘entrega del país’ a través de la negociación de la ‘llamada paz’, inquietud recogida de la preocupación de los colombianos por la incertidumbre de para dónde llevan al país.

Así las cosas, se podría concluir en que cualquier parecido con la actuación de la dictadura chavista frente a la persecución a la oposición venezolana, acá en Colombia no sería simple coincidencia.

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