25 ago. 2016

Abuso de poder del jefe del Estado

Por Jaime Castro Ramírez

Al definirse la democracia como la forma de organización del Estado de Derecho, una de sus bondades políticas consiste en legitimar la separación e independencia de poderes, lo cual a la vez implica garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de los pesos y contrapesos, es decir, que ninguno de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) puedan exceder su órbita de autoridad, y especialmente los límites que debe cumplir el poder ejecutivo para no intervenir en la autoridad propia de los otros poderes.

Lo anterior concluye en la armonía política necesaria para alimentar el respeto entre las competencias de la independencia de los poderes, y para construir gobierno que exalte el respeto a los cánones de la democracia.

La insensatez política
No respetar la separación de poderes, históricamente se ha demostrado que son acciones propias de dictadorzuelos, cuya finalidad es generalmente la de conducir a un país hacia aciagas instancias donde se proscriben los derechos individuales y se agota el modelo económico de la propiedad privada a través de la tiranía política.

No respetar la separación de poderes por parte de un gobernante implica agotar la democracia interviniendo indebidamente en la justicia y en el desarrollo de la elaboración de las leyes a cargo del poder legislativo, pues es bien conocido el abuso de poder cuando se acude a solicitar poderes habilitantes para que el presidente de la república pueda legislar con fuerza de ley, sustituyendo al Congreso de la República. Además, en este perverso modelo dictatorial se interviene también en el manejo irregular del sistema electoral, lo cual pervierte el sentido primario de la democracia que consiste en respetar la voluntad ciudadana en las urnas.

Para llegar al anterior escenario se ha tenido que pasar primero por una instancia estratégico-política que consiste en un cambio de modalidad para poder llegar a la toma del poder. Como ya no es posible lograrlo por la vía armada, ahora se acude al populismo como medio de ‘persuasión’ para engañar al pueblo y entonces tomarse el poder a través de las urnas, lo cual usan como pretexto para decir que es una democracia porque hacen elecciones (con resultado garantizado), pero la diferencia ideológica consiste en que la finalidad es perpetuarse en el poder a través de la instauración de una dictadura.

Actitud del presidente
Pues quién lo creyera, que el actual mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, fuera a incurrir en grave acto público televisado de presión indebida al poder judicial, específicamente al Consejo de Estado, institución a la cual le manifestó su molestia por no haber tomado desde antes una definición respecto a la demanda (leguleya) que cursa en ese organismo sobre la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Es bien conocido por los colombianos el interés del presidente Santos en que el Consejo de Estado declare la terminación anticipada del periodo constitucional del mandato del procurador Ordóñez, y todo porque dicho funcionario, como representante de la sociedad colombiana, ha criticado vehementemente lo que considera inconveniente para el país en materia de concesiones a las Farc por parte del presidente de la república, y a lo cual Santos le llama paz, aunque no sea la paz de los colombianos sino que incluso puede convertirse en un eventual móvil de más violencia por las condiciones otorgadas a las Farc de impunidad y claudicación, y el consiguiente poder que el gobierno les está concediendo en el acuerdo ‘negociado’, como por ejemplo la elegibilidad política a quienes han cometido delitos atroces.

Ya será estudiado el acuerdo que salga de la Habana para darle el verdadero significado respecto de lo que signifique para el país, y así poder llegar a un raciocinio que determine a conciencia el Si o el NO al plebiscito en las urnas.

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