Objeciones al acuerdo final entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos

Por @LSDraco

Antes de leer cada punto del acuerdo, hay que tener en cuenta el trasfondo de cómo se llegó al punto en que un grupo armado ilegal implicado en delitos de lesa humanidad ha logrado imponer al país una agenda política sin ningún tipo de limitación ni contraprestación por parte del gobierno que en el año 2010 se hizo elegir con la promesa de terminar la labor de la derrota militar de las guerrillas. Las FARC como cualquier guerrilla marxista aplica desde su fundación en 1964 la combinación de todas las formas de lucha, en una guerra de guerrillas, (atacar y huir) para desgastar al Estado económica, militar y anímicamente mientras complementa sus acciones con presión social y política dentro y fuera del país mediante organizaciones afines a su objetivo de implantar un régimen marxista totalitario y antidemocrático similar al de Cuba o al de la entonces Unión Soviética, cuando las FARC recibían aportes económicos y de armamento con Fidel Castro como intermediario.

En ningún momento hay que olvidar dos premisas fundamentales a la hora de leer el acuerdo: Las FARC buscan el poder. Jamás han renunciado a tal objetivo. En ningún momento han admitido cambiarlo por la resignación a incorporarse al sistema democrático de Colombia. Por lo tanto un diálogo de paz ajeno al contexto de una rendición militar total solo se podrá entender como una treta o una forma de lucha más que usará la guerrilla combinada con cualquier otra forma que considere conveniente a sus intereses.

Con este fin, las FARC lograron que Cuba sirviera como país base para las negociaciones, ya que es la forma de garantizar que un gobierno aliado de ellos e históricamente hostil a Colombia y su democracia, les brinde el soporte para que este acuerdo signifique un triunfo histórico para la guerrilla a costa del futuro de la democracia colombiana. De ninguna manera creo que por arte de magia los hermanos Castro han cambiado su mentalidad y sus planes regionales y ahora resulta que van a respetar la institucionalidad colombiana.

Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos en apariencia recuperó cierta legitimidad electoral en el 2014 al haber logrado la reelección ahora sí con la promesa opuesta a su campaña anterior, de negociar la paz con las guerrillas, y sin entrar a discutir los sospechosos métodos que usó para revertir la tendencia electoral desfavorable que tuvo hasta la primera vuelta en junio de ese año, hay que admitir que es un gobierno que lleva seis años a la sombra de la sospecha, la traición y el engaño de la mayor parte del electorado original que lo puso en el poder.

Finalmente, para completar el contexto de este acuerdo, hay que considerar a su principal redactor, el abogado español Enrique Santiago, miembro activo del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, agrupaciones políticas muy cercanas a la extrema izquierda armada internacional y que funge como abogado de las FARC en este proceso. Es decir, el acuerdo fue redactado principalmente por una de las partes, y la historia nos dice que por lo general es el bando ganador quien redacta las condiciones.

El acuerdo contiene seis puntos, ninguno de ellos libre de peros, sospechas, significados ocultos entre líneas y además hechos muy importantes no mencionados. A continuación haré un repaso de cada punto con mis observaciones:

Punto 1. “Reforma Rural Integral”:

Partiendo del punto de que un grupo criminal no es una fuente de derecho válida para legislar sobre los temas claves de un país, no se entiende que una guerrilla narcotraficante y terrorista famosa por el robo de ganado, la extorsión de ganaderos, la siembra de coca, la destrucción de bosques y recursos hídricos con atentados a oleoductos se presente como una entidad preocupada por el futuro del campo que ha explotado, destruido y desplazado por 52 años. Las FARC alegan que las injusticias del Estado en el campo son el “origen del conflicto”. Sin embargo esta excusa es la que siempre han usado para ocultar la intervención soviético-cubana y ahora cubano-venezolana en el país en búsqueda de la implantación de un régimen afín al bloque comunista. El disfraz perfecto para que las FARC conserven control territorial es el de las “Zonas de Reserva Campesina”, microestados farianos que coinciden territorialmente con las principales zonas de cultivos de coca. Si tomamos en cuenta que en el acuerdo las FARC jamás reconocen ser narcotraficantes, todo parece indicar que esto es un programa de reforzamiento de sus negocios ilícitos. Curiosamente el acuerdo pide restablecer la propiedad de las víctimas de desplazamiento sin que las FARC se reconozcan como un importante agente causante del mismo. También pide regularizar la propiedad incluso mediante la expropiación, aunque en ningún momento reconocen las FARC ser propietarias de una sola hectárea de tierra, de las miles que el Estado ha reconocido que han obtenido mediante desplazamiento forzado y apropiación por medio de testaferros. Aquí al parecer las FARC no van a ceder ni perder nada, pero las personas que la guerrilla indique como “víctimas” (de otros actores como AUC, por ejemplo) sí podrían recibir propiedades. Eso sin mencionar quiénes serían más testaferros de la guerrilla. Aquí tenemos: expropiación y redistribución de tierras sí y solo si las FARC no se ven afectadas en su patrimonio. Finalmente, se recalca mucho el estímulo a cooperativas de producción agrícola y todo tipo de estructura infiltrada históricamente por las FARC en el campo. Aparte, ¿tenía que negociar el gobierno con un grupo criminal la implementación de una gran cantidad de políticas públicas para mejorar la calidad de vida en el campo? Esta era una labor del poder legislativo y ejecutivo sin necesidad de la intervención de las FARC, ¿así que para qué la inclusión de todo esto en el acuerdo? Seguramente es la vía por la cual se fortalecerán las organizaciones paralelas de la guerrilla dentro de la economía rural del país.

Punto 2. “Participación Política”:

Rechazo total, ya que la violencia contra la población de un país jamás puede ser un medio aceptable para ganar espacios políticos. El precedente que se deja una vez más es que quien cometa crímenes puede acceder a cuotas de poder a cambio de dejar de cometerlos. La “paz chantajista” que jamás será paz. Curiosamente el acuerdo plantea prohibir el uso de las armas para la obtención de poder político, algo logrado gracias al uso de las armas. Suena más bien a no permitir competencia para las FARC, que de paso ya anunciaron que volverán a usar las armas si estos acuerdos no son cumplidos por el gobierno (así que todo lo declarado y firmado es falso). De mucho cuidado es la propuesta de que las zonas “más afectadas por el conflicto” tengan mayor representación en el Congreso. Eso traducido del lenguaje fariano significa que la guerrilla tendrá más representación legislativa de ahora en adelante si se modifica la fórmula para determinar el número de representantes por región con más énfasis en las zonas de influencia guerrillera. Otorgar a las FARC la posibilidad de acceder al poder aún mediante elecciones democráticas es inaceptable a menos que entonces todo tipo de organización criminal como narcotraficantes, asesinos y ladrones igualmente tengan el mismo derecho.

Con la excusa de otorgar plena participación política a las FARC se pretende crear un “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, algo que se entiende como una especie de “policía política” o “curadores de opiniones” que vigilarán todo tipo de manifestación que pueda ser considerada contraria al ejercicio político de las FARC y sus agrupaciones afines. Precedente peligrosísimo que sugiere censura y represión contra quienes se consideren abiertamente opuestos a esta idea. De hecho literalmente menciona la facultad de “sancionar cualquier conducta en contra de los derechos de las personas que está llamado a proteger”. Inquieta el enfoque insistente en un “sistema de alerta temprana” para detectar a quienes pudieran “atentar contra el ejercicio político de las FARC”. Temprano podría ser hasta un comentario enérgico en contra de la guerrilla, lo cual ya dispararía alarmas y medidas de represión. Al mismo gobierno se le pondrá un bozal al ampliar la capacidad de las FARC para exigir rectificaciones por cualquier comentario que pueda ser considerado perjudicial para las mismas.

Adicionalmente las FARC exigen la ampliación de su red de propaganda ideológica mediante emisoras radios comunitarias ubicadas en sus zonas de influencia. Una forma legalizada de aumentar su base de reclutamiento ¿solamente político? Mientras tanto el acuerdo también exige un presupuesto especialmente enfocado en la promoción de los grupos políticos afines a las FARC con el aumento de la participación electoral de la población en las zonas bajo su control.

Punto 3. “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, Reincorporación de las FARC a la vida civil, y Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales”:

El 27 de agosto las FARC anunciaron que si el gobierno incumple los acuerdos, retomarán las armas. Así que si entregan las armas en su totalidad a la ONU de manera gradual como anuncian en este documento, ¿acaso piensan comprar armas nuevas para volver al uso de la violencia, o están admitiendo que no entregarán la mayor parte de su armamento actual? Por algo la Fuerza Pública estará vedada en las zonas acordadas para hacer la supuesta entrega de armas a representantes de la ONU, incluso el sobrevuelo de aeronaves. ¿Qué planean esconder o a qué temen si no serían bombardeados al haber cese al fuego?

Con listas únicas y coaliciones con otros partidos, las FARC podrán optar a más de las 10 curules directas otorgadas por este acuerdo, entre las 5 al Congreso y las 5 a la Cámara de Representantes. Pero también es preocupante la creación del “centro de pensamiento y formación política”, emulación de los círculos bolivarianos con que en Venezuela se fomentó el chavismo mediante el adoctrinamiento de las masas. Y financiado por el Estado.

En cuanto a la “comisión de la verdad” que las FARC exigen exclusivamente para investigar los crímenes del paramilitarismo, llama la atención que en ningún momento aparece el gobierno mencionado como lado exigente de lo mismo para los crímenes de la guerrilla. El acuerdo es la imposición de una verdad unilateral y muy incompleta que sirve exclusivamente a los intereses estratégicos de las FARC.

De mucho cuidado: Las FARC exigen la creación de una unidad especial de protección para sus miembros y asociados, conformada por exguerrilleros armados por el Estado, el cual también les aportará el financiamiento y la logística necesarios para el funcionamiento que ellos consideren adecuado durante al menos 5 años.

Punto 4. “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”:

Tan simple como que, 1. Las FARC jamás han tocado un gramo de cocaína, si acaso tímidamente habrían tenido alguna relación con narcotraficantes y lavado de activos, 2. El problema del narcotráfico se soluciona con muchísima inversión social en las zonas productoras de drogas y con atención social al drogadicto, así como mano dura judicial y militar contra agrupaciones narcotraficantes no guerrilleras (la competencia). 3. Todo el financiamiento del “fin de la pobreza rural” tal como se propone en el acuerdo proviene del Estado. Ni un centavo de las FARC a pesar de ser el grupo narcotraficante más grande de Sudamérica.

Punto 5. “Acuerdo de Víctimas”:

Simple: Aunque las FARC admiten haber causado víctimas, hasta este punto no aportarán ni un solo centavo para su reparación, o al menos es lo que más brilla por su ausencia. Así que al parecer todo queda financiado por el Estado. El engaño: aunque aceptan penas “privativas de la libertad” de mínimo 5 años y máximo 8, solo se aplicarán penas “alternativas” (cero días de cárcel) a todos los miembros de las FARC que “reconozcan verdad y responsabilidades ante el Tribunal de Paz”. Incluso aunque mientan y sean descubiertos en la mentira, siempre y cuando se comprometan a ajustar su declaración inicial. La ñapa: serán liberados incluso los delincuentes encarcelados por haber arrojado sustancias peligrosas y ejercido violencia contra servidores públicos durante protestas. Que alguien me explique cómo esto trae paz.

Punto 6. “Mecanismos de implementación y verificación:

A duras penas se menciona una sola vez que “contribuirían a la reparación material de las víctimas” sin especificar porcentajes, montos ni maneras. Una vez más el énfasis se hace en que el Estado es quien pagará la cuenta. Las FARC aunque se comprometen a restituir tierras de comunidades indígenas, ¿se necesita un acuerdo de paz para tal fin? ¿No está obligado el Estado a expropiar cualquier tierra obtenida ilegalmente y devolverla a sus legítimos dueños? A pesar de condenar el narcotráfico de otras organizaciones, este acuerdo considera delitos comunes “sin ánimo de lucro personal” (pero colectivo sí) como “delitos conexos al delito político” y por lo tanto con derecho a amnistía. Narcotráfico legal solo para las FARC. Y no termina todo ahí. Incluso las FARC podrán reclamar legalmente la devolución de todo bien expropiado con anterioridad con tan solo el testimonio del guerrillero afectado asegurando que lo obtuvo con recursos lícitos.

Conclusiones

El acuerdo es básicamente una lista de exigencias y condicionamientos de las FARC para obtener poder político, conservar su patrimonio económico casi sin afectación y evadir el encarcelamiento por todo tipo de delitos. Es abrir las puertas en Colombia para que se implemente el modelo cubano y venezolano chavista a mediano y largo plazo mediante programas de ideologización de la población con financiamiento y autorización del Estado colombiano. El desarme anunciado en el acuerdo en realidad no es más que cambiar la lucha armada por los demás métodos tradicionales de la guerrilla en una forma potenciada y autorizada por el Estado. Es a fin de cuentas, una victoria estratégica para las FARC, algo totalmente ajeno a la noción ilusa y cándida de los ciudadanos que apoyan el proceso de paz al creer que la guerrilla ya no aspira al poder sino simplemente a la paz.