Economía colombiana sin manejo económico

Por Jaime Castro Ramírez

Una de las tareas prioritarias de un gobernante es saber encausar el manejo adecuado de la economía a nivel macroeconómico para poder luego mostrar resultados de crecimiento y progreso, y por consiguiente mostrar resultados de beneficio social. Si no se hace una buena economía, los demás frentes de la vida del país circularán por un sendero de serias dificultades, pues se empieza por un creciente desempleo, y en consecuencia, lo primero que aparece es la crisis social por necesidades básicas insatisfechas, la cual va generando el descontento generalizado de la gente hacia el poder, hacia el gobernante, y hacia el Estado. Además de que una circunstancia de crisis social económica es propicia para ir generando problemas de inseguridad pública porque ante la angustia que genera el sentido de supervivencia, la gente llega al extremo de perder el respeto por la propiedad ajena, lo cual por supuesto genera un conflicto social de graves consecuencias.

Un país que no crese económicamente es un país que pierde perspectivas en el concierto de las naciones, pues su participación en el comercio internacional se verá reducido por su incapacidad productiva y exportadora, y consiguientemente su balanza comercial será muy precaria.

El estado actual de la economía colombiana

Lo primero que ha ocurrido en el actual gobierno del presidente Santos es el notorio retroceso de la industria nacional por falta de políticas de apoyo oficial, valga decir, crédito barato con periodo de gracia, otorgar algún favorecimiento fiscal impositivo en el impuesto de renta, y menos aun se ha visto apoyo para el emprendimiento de nuevos proyectos productivos, lo que ha conllevado a una significativa disminución de la productividad, y como consecuencia, se ha presentado la consiguiente disminución de la actividad exportadora que es un factor muy importante de crecimiento económico para cualquier país. La industrialización es obviamente una fuente poderosa de desarrollo económico.

Más del 60% promedio de las exportaciones en los últimos siete años han estado marcadas básicamente por petróleo y minerales, es decir, exportaciones no tradicionales. El comercio también ha tenido una disminución significativa y progresiva en sus ventas, acentuada sobre todo en el año 2017 y básicamente por efecto del incremento del impuesto a las ventas del 16% al 19%.

Es la misma situación complicada la que le ha tocado experimentar al sector agrario por la misma circunstancia de que el gobierno no tiene políticas preferenciales de apoyo al campesino que es quien se sacrifica grandemente para cultivar la tierra y producir comida. Lo máximo a que tienen acceso los campesinos es a que el Banco Agrario les preste dinero dando como garantía sus fincas, sin la ayuda de ofrecerles tasas de interés que sean muy bajas para de alguna manera tratar de hacerles atractiva su actividad productora, sin prestarles asistencia técnica permanente gratuita por parte del gobierno, sin subsidio de abaratamiento significativo de maquinaria y equipo, y por supuesto sin abaratamiento del costo de los insumos, y finalmente sin una política esencial de ayuda en cuanto a condonación de obligaciones por préstamos e intereses en caso de fracaso de cosecha por circunstancias de fuerza mayor, como por ejemplo inclemencias del tiempo, pues ahí debiera aparecer la mano del Estado para no permitir la quiebra económica forzada de ese trabajador del campo.

Son entonces una suma de factores que conllevan paso a paso la desaceleración de la economía, lo que hace que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga un crecimiento mediocre, pues a manera de análisis es procedente mirar, por ejemplo, lo ocurrido en el año 2016 cuando el PIB solo creció el 1.1%, reduciendo significativamente el producto per cápita, además de una inflación con tendencia alta del 5.75%; y para el año 2017 se espera otro pésimo comportamiento económico cuyo resultado va a ser un crecimiento que oscilará entre 1.4% y 1.5%, con una inflación cercana al 4.5%.

Sin embargo, es válido observar que este gobierno tuvo dinero en cuantía suficiente para haberlo invertido en proyectos de desarrollo macroeconómico que impulsara el crecimiento de la economía nacional (manejó una bonanza petrolera gigantesca entre 2011 y 2015 de aproximadamente 57 billones de pesos, equivalente a 2.1% del PIB), pero infortunadamente se tomó la peor decisión y buena parte de ese dinero tomó el camino de la indiferencia con esta importante alternativa del desarrollo económico del país, y fue direccionado hacia el derroche a manos llenas en mermelada corrupta en manos de la política, pues fue factor decisivo hasta para ganar elecciones a través de la compra de votos.

Y como si fuera poco la cantidad de dinero de la bonanza petrolera, este gobierno llegó a un sobreendeudamiento público externo, pues el gobierno anterior dejó este rubro de deuda pública externa en 39.600 millones de dólares, y el gobierno Santos hasta mayo de 2017 la aumentó a 72.983 millones de dólares, es decir, un incremento del 84.3%; y el total de la deuda interna y externa a junio de 2017 asciende a 128.239 millones de dólares, vs 64.837 millones de dólares al final del gobierno inmediatamente anterior, con incremento en el actual gobierno de 97.78%.

Ni siquiera se invirtieron los montos necesarios en bienestar social, por hablar solo de salud y educación. La asistencia en salud es un tema realmente dramático para la gente, lograr que atiendan adecuadamente un paciente que necesita tratamiento médico urgente es de lo más complicado para los colombianos, y esto no ha tenido solución en este gobierno.

Al final de cuentas, la cuestión es que no se podía esperar una buena economía del gobierno Santos, pues aparte su grave problema del crecimiento exponencial de la corrupción mediante lo cual se han robado los recursos de la gente, fue un gobierno monotemático, pues solo tuvo en mente el tema de ‘la paz’, la dudosa paz de la claudicación ante las Farc, y esa claudicación cuesta mucho dinero (aparte de la entrega del país), pero para eso si ha habido suficientes recursos económicos, incluida la onerosa reforma tributaria de diciembre de 2016 (casi que confiscatoria), para cumplirle los compromisos a las Farc.

En una encuesta de esta primera semana de noviembre de 2017, el 82% de la gente opina que la economía colombiana anda mal.