El día en que Colombia cambió

Por @AdasOz 

Hoy es un día muy importante y decisivo para Colombia por dos razones: La primera, la Corte Internacional de Justicia decidirá sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la segunda, por el supuesto inicio de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.

Curiosamente, las negociaciones que inicialmente estaban programadas para el 15 de noviembre, sorpresivamente fueron aplazadas para el 19 haciéndolas coincidir con la decisión que se tome en La Haya sobre la frontera marítima con Nicaragua y además, sobre la soberanía de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranía y Bajo Sueño.

Personalmente soy pesimista respecto del fallo (espero equivocarme), no sólo porque la prensa nicaragüense ha estado muy optimista frente a lo que pueda decidir la Corte, al mismo tiempo que la nuestra parece estarnos preparando para recibir el golpe, sino porque la alianza de Santos con Chávez pudo haber contemplado ceder parte del territorio colombiano a cambio de llegar a un acuerdo con los cabecillas de las FARC. Por esta razón, no es casualidad que la zona en disputa resulta ser un área rica para la industria pesquera y petrolera, por lo que Colombia estaría perdiendo no sólo territorio sino riqueza mientras que Chávez, a través de los sandinistas, estaría ganando un territorio importante para la explotación petrolera, que es la principal fuente de lucro del dictador venezolano.

Se me ocurre pensar que más que algo casual, el aplazamiento de las negociaciones fue fríamente calculado por este gobierno, pues lo de San Andrés resultará ser el escándalo perfecto que logrará hacernos olvidar de las negociaciones y ayudará a mantener la “prudencia” que tanto piden Santos y los cabecillas de las FARC. La noticia estremecedora sobre el Archipiélago ayudará a distraer a la opinión pública sobre lo que suceda en Cuba, posiblemente durante todo el resto de semana. Es, pues, la oportunidad perfecta para ocultarnos información sobre lo que suceda en La Habana.

Ahora bien, está claro que desde La Habana no se sentarán a hacer un acuerdo, porque tal como lo señalé en mi anterior publicación, éste ya existe. Así que lo que harán ahora será definir cómo hará el gobierno Santos para cumplir con los puntos sobre los cuales no tiene pleno poder de decisión sino que necesita de todo un trabajo conjunto con otros gobiernos que sucumban al soborno santista, para poder complacer a las FARC. Veamos cuáles son esos puntos:

En primer lugar, el gobierno debe lograr quitarles el estatus de terroristas para así darles el estatus de beligerancia que necesitan para limpiar su imagen y así equipararlas con el Estado colombiano. De hecho, ya en Colombia se les ha otorgado cierto estatus a través de la Ley de Víctimas al declarar que hay “conflicto armado”. Ni Santos ni ninguno de sus funcionarios señalan a las FARC como narco-terroristas sino como un grupo “insurgente”, poca atención prestan a los atentados que vienen arreciando luego de tanta complacencia, así como tampoco los rechazan con vehemencia a menos que a Santos le resulte conveniente salir con alguna bravuconada.

En segundo lugar y con el fin de limpiarse las manos que llevan untadas de sangre y plomo, los terroristas han dicho que no tienen secuestrados, a lo que el presidente replicó: “hay que creerles”. Recordemos que el secuestro es un crimen de Lesa Humanidad que los obligaría a pagar largas condenas, y lo que ellos buscan es quedar impunes tras la falacia de la última entrega de secuestrados por parte de su canciller, Piedad Córdoba, para ellos poderse abrir espacio en la política del país. Miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y familiares de civiles reclaman que en su poder hay más de 500 personas (si no muchas más), y que exigen se les diga qué han hecho con ellas. Desafortunadamente ésta será otra parte de la historia de Colombia que quedará irresoluta, olvidada y en total impunidad.

En tercer lugar, las FARC buscan legalizar su mayor fuente de sustento: el narcotráfico. Para ello, el gobierno de Santos, junto con la administración de Gustavo Petro y la Corte Constitucional, han venido trabajando para que se le permita al Estado, o en este caso al Distrito, suministrar drogas mediante la creación de los centros de consumo controlado. Pero además, Santos tendrá que trabajar duro para que el gobierno de Estados Unidos ablande sus políticas de lucha contra el narcotráfico para Colombia, así las FARC no serán más vistas como narcotraficantes sino como unos excelentes emprendedores empresarios. De esta manera, tampoco pagarían condena por este delito y mucho menos podrían a ser extraditados a Estados Unidos.

En resumen, las FARC buscan eliminar del todo su extensa lista de crímenes de Lesa Humanidad, con el fin de no pagar un solo día de cárcel y poder optar a cargos públicos.

Mientras definen cómo lograrán convencer al mundo de que son unas santas palomas, también discutirán con Santos y sus plenipotenciarios sobre las reformas que debe sufrir el Estado para poder imponer su modelo socio-económico, que es igual al que hay en la Venezuela actual y en Cuba. Al respecto, las FARC ya han ido ganando terreno pues ya hay proyectos de ley o reformas constitucionales propuestas para este fin.

Así las cosas, el 19 de noviembre será recordado como el día en que Colombia cambió, pues habremos perdido territorio y al mismo tiempo un grupo terrorista decidirá sobre nuestro no futuro.