La toma del poder

Los últimos atentados, sumados a las extorsiones, secuestros y al paro armado que se vive en el Chocó, confirman que las FARC se han venido fortaleciendo gracias a la estupenda labor que ha ejercido el presidente Juan Manuel Santos al hacerles concesiones e irles cediendo terreno para cuando este grupo terrorista reciba el indulto exigido. En mi opinión, lo que sucede no solamente es una cuestión de retroceso, que es evidente, sino que esta vez este proceso de paz al que nos ha sometido el gobierno será el preámbulo de una eventual toma del poder por parte de las FARC, quienes a pesar de ser impopulares, lograrán su objetivo sin que sea necesario elegirse en las urnas.

Hábilmente, la cúpula de las FARC que se encuentra toda en La Habana, ha desmentido sus principales fuentes de ingreso como lo son el narcotráfico y la práctica del secuestro extorsivo, y se han sacudido la responsabilidad sobre los actos terroristas que ellos mismos ordenan desde afuera y con el beneplácito de Santos, aparentando una supuesta división en la organización terrorista que no es otra cosa que una estrategia política utilizada por los comunistas, que a la hora de la verdad, les da muy buenos resultados. Lo cierto es que las FARC están intactas, y si las negociaciones llegan a puerto, ya sabemos cómo va a terminar el proceso de paz: en más terrorismo para Colombia, pues las filas de las FARC han aumentado, se han reorganizado y rearmado, mientras se discute el modelo socio-económico del país con los cabecillas, han seguido ensangrentando y aterrorizando a todo el país.

Y mientras se trabaja para limpiarle la imagen a las FARC, el gobierno pacta con ellos una serie de puntos clave:

Lo primero, es que se les otorgará perdón y olvido, es decir, que sus crímenes quedarán en la absoluta impunidad, así como tampoco repararán a las víctimas. Evidentemente no lo harán porque las FARC han declarado ser las primeras y principales víctimas en Colombia, por lo que será el Estado colombiano quien se encargue de repararlas. Es decir, los colombianos de a pie terminaremos pagando con el dinero de nuestros impuestos las víctimas que ha dejado a su paso el terrorismo, y lo peor de todo, es que no nos inmutaremos ni haremos nada para evitarlo. Las FARC se habrán salido con la suya.

Tras el indulto, la cúpula criminal podrá optar a cargos públicos. Esto es exactamente el mismo error que se cometió hace más de veinte años con el M-19, que por más que hayan dejado las armas y se conviertan en “honorables” senadores, congresistas, concejales, gobernadores, alcaldes y demás, continuarán ordenando crímenes desde sus cómodos escritorios.

Las FARC se convertirán en un partido político que ustedes, estimados lectores, financiarán con el dinero de sus impuestos. A decir verdad la Marcha Patriótica es un movimiento político que representa a dicha organización terrorista, y si de medios de comunicación se trata, ya la mayoría ha sido permeada por los tentáculos de los terroristas. Todos les hacen eco y parecen estar complacidos de lavarles a diario la imagen.

El gobierno de Santos ha cedido ante la exigencia de los terroristas de replantear el programa agrario y de tierras por el que las FARC proponen. Para ello, ya se ha presentado la iniciativa del Polo Democrático Alternativo para hacer una reforma constitucional contra la extranjerización de la tierra. Es decir, la palabra “expropiación” se convertirá en un común denominador, tal como lo es hoy en día en Venezuela. Recordemos que las FARC han sido siempre los principales usurpadores de tierras en Colombia, generando desplazamientos forzados de campesinos y despojando a terratenientes de sus propiedades, siendo ésta la principal causa de la pobreza y del atraso agrario en Colombia.

Otra exigencia que Santos no ha dudado en concederles, ha sido el desmantelamiento de las Fuerzas Militares y los agentes del Estado. Ahora comprendemos por qué el presidente apenas tomó posesión de su cargo se encargó de liquidar el DAS y ahora se pretende, por iniciativa del Senado de la República, que el servicio militar deje de ser obligatorio para que pase a ser voluntario, con el pretexto de que el “conflicto interno” así lo requiere.

Los últimos puntos que forman parte de las exigencias de las FARC tienen que ver con las mesas de diálogo, en las que evidentemente no se sentarán para ponerse de acuerdo porque este ya existe, sino para discutir el nuevo sistema social, político y económico que regirá en Colombia. Está claro que este sistema será opuesto al del libre mercado que ahora tenemos y se impondrán medidas totalitarias que nos acercarán a la Venezuela actual. Por otra parte, tal como lo hemos visto, este gobierno está haciendo una importante campaña para legalizar las drogas, aspecto que beneficiaría enormemente a las FARC, pero que convertiría a Colombia en un narcoestado, tal como lo es hoy en día el país donde gobierna el nuevo mejor amigo de Santos. Quizás por esta última razón fue tan satisfactoria la reelección de Barack Obama para los negociadores.

La Constituyente tampoco es noticia nueva, pues en varias ocasiones Piedad Córdoba ha abogado por llevar a cabo una, con el fin de beneficiar a sus camaradas y que seguramente les permitiría hacer lo mismo que hace Chávez en Venezuela: manejar el país a su antojo.

Mientras tanto, los compromisos de las FARC no son tales, sino parte de las exigencias que han hecho al gobierno de Santos y que ya se han ido haciendo realidad, pues el presidente quizás desde antes de ser elegido ya estaba trabajando en favor de los terroristas. Así las cosas, nos espera un futuro bastante oscuro y tortuoso.