Casas para el despeje

Por @AdasOz

La semana pasada el presidente Santos anunciaba en su cuenta de Twitter que no despejaría ni un solo centímetro de territorio, declaración algo difícil de creer luego de haber visto la vil humillación a la que fueron sometidos los soldados en el departamento del Cauca el año pasado. Casi al mismo tiempo que declaraba esto, caía en mis manos un artículo de El Tiempo en el que se publicaba que Santos había aceptado retirar las bases militares de los cascos urbanos. Por lo tanto, es falso que no habrá despeje territorial. Lo que no queda claro en el artículo es quién hizo semejante solicitud, que parece ser más una exigencia proveniente de la isla-cárcel caribeña.

Hoy desde Pradera, Valle del Cauca, reafirmamos que no habrá despeje de un solo milímetro del territorio nacional.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 11, 2013

Para todo el mundo fue claro que el proyecto de las cien mil casas gratuitas fue una movida populista con la que buscaría ganar votos para un segundo mandato, pero lo que nunca nos esperábamos, al menos yo no, era que Santos lo utilizara como pretexto para facilitar el despeje territorial y dejar así libres las rutas para que las FARC y demás criminales trafiquen sin problemas. Por eso no es casualidad que haya decidido empezar por el departamento de Nariño, clave para el tráfico de drogas hacia Ecuador. Dice el presidente:

“Hay interés en sacar el grupo Cabal (de caballería) de ahí (del casco urbano de Ipiales); lo que podemos hacer es que encontremos unos terrenos, que sean adecuados, a donde podamos trasladar todas las instalaciones militares, para que ese terreno sea parte del desarrollo urbano de Ipiales”.

Ese "desarrollo urbano" puede consistir en las casas que piensa regalar a sus paniaguados, con lo que la colaboración con el objetivo terrorista resulta ser un favor que le hace al pueblo.

¿De quién, de dónde proviene y a quién beneficia ese interés? Es evidente que es interés para las FARC y sus socios, pues el narcotráfico es su negocio más rentable. La orden fue impartida desde Cuba sin duda alguna. Está claro que hay un pacto con Cuba y Santos trabaja arduamente para cumplir sus promesas, que irán preparando paulatinamente el terreno para concretar el momento de la claudicación, que ya está pactada.

El entusiasta Santos aprovecha la oportunidad para decir, como quien no quiere la cosa, que las instalaciones militares deben quitarse del casco urbano de varias ciudades, ya que según él, no tiene ninguna lógica que se encuentren allí. Pregunto, ¿qué tiene de malo que en medio de las ciudades se encuentren instalaciones militares? ¿Acaso no proporciona más seguridad para las ciudades, sean grandes o pequeñas, que éstas se encuentren dentro? Está claro que el presidente se preocupa por cumplir las exigencias de las FARC y que su alianza con el castro-chavismo pesa más que cumplir con su deber constitucional de proporcionar protección y seguridad a los ciudadanos. Quitar las bases militares de las ciudades es un paso más hacia la claudicación, tras la cual Colombia está cada día más cerca de convertirse en un narcoestado. Recordemos que él mismo echó para atrás el convenio de cooperación militar con Estados Unidos que blindaría a Colombia contra el narcotráfico, así como de una posible agresión por parte de algún país vecino (léase Venezuela). 

Ni siquiera en el gobierno de Samper o en el del mismo Pastrana las FARC habían logrado obtener tantas concesiones como las que han conseguido con Santos, quienes además de haber logrado despejes esporádicos con el pretexto de las liberaciones de Piedad Córdoba y ahora con la orden de quitar las bases militares de las ciudades, también cuentan con otro tipo de despeje: el jurídico y legal, hecho realidad gracias a la movida astuta de Santos tras conformar la Mesa de la Unidad Nacional y que le permitiría aprobar todos los proyectos le ley propuestos sin que se le presentara el más mínimo obstáculo. Fue así como rápidamente fueron aprobadas la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras, en las que se declara el “conflicto armado interno”, otorgándole legitimidad al terrorismo. Luego, gracias al unanimismo, sería aprobado el mal llamado Marco Legal para la Paz, que legitima los crímenes y les permite descaradamente dejarlos en la impunidad.

Es así como poco a poco se avanza en el proceso de claudicación y el hampa se impone ante un público que no ha sabido reaccionar ante semejante despropósito.