Los acuerdos de La Habana

Por @AdasOz

Es inocultable el ambiente festivo que se percibe entre las altas esferas del gobierno de Santos, las FARC, los propagandistas y sus idiotas útiles, y no es para menos, pues todo parece indicar que la claudicación es un hecho que no tiene reversa. Tanto es así, que a Santos parecen no importarle los votos, y anuncia sin vergüenza alguna que apoyará la marcha del 9 de abril organizada por la bien conocida embajadora de las FARC, Piedad Córdoba, y por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien otrora fuera militante de la banda terrorista M-19.

Mientras ellos celebran, a nosotros nos llegan las noticias a cuentagotas sobre los “adelantos” del proceso de La Habana. En primer lugar, ayer nos informan que los plenipotenciarios llegaron a un consenso sobre tierras, siendo este quizás, uno de los más importantes para los terroristas pues cabe recordar que las FARC han sido desde su creación los mayores usurpadores de tierras en Colombia, hecho que los ha convertido también, en los más grandes terratenientes en el país.

Para explicarles lo que pasará con la tierra en Colombia tras el acuerdo, y por supuesto de firmarse la claudicación, desglosaré algunos párrafos del siguiente artículo de El Tiempo publicado en la noche del sábado.

En términos reales, los consensos para recuperar para campesinos sin tierra aquella que por décadas muchos han obtenido ilegalmente, y para actualizar el catastro de tal manera que los que tienen las tierras paguen lo justo por ellas, podrían ser el comienzo del fin del conflicto armado de 50 años con esa guerrilla.

Estamos hablando de que a las FARC, los ladrones de tierras que no han admitido tal delito ni tampoco lo harán, hablan libremente sobre la adquisición “ilegal” de tierras y serán ellos quienes decidirán quién lo ha hecho, así como también pretenden ordenar el cobro de impuestos a los propietarios. Es decir, ahora la extorsión y la vacuna pasarán de ser un delito a legalizarse gracias a las concesiones que les está otorgando el gobierno cómplice de Santos. Este es un punto muy importante para las FARC y por ende, un avance enorme en su lucha revolucionaria, dado que por aquí empiezan a cumplir una de las bases fundamentales del comunismo marxista-leninista, que es erradicar la propiedad privada, así como la supresión de los medios de producción, que según ellos es en lo que radica el “conflicto”.

Varios párrafos más adelante dicen lo siguiente:

Incluso si el presidente Juan Manuel Santos y las Farc no firmaran un acuerdo definitivo de paz, las bases de la reforma agraria –cuyos detalles reveló EL TIEMPO el domingo pasado– están quedando echadas en La Habana.

La reforma agraria supondría una reforma constitucional como mínimo, aunque se conoce bien que los voceros de civil de las FARC, tales como Piedad Córdoba o Iván Cepeda a través del movimiento Marcha Patriótica, han manifestado varias veces la intención de hacer una Constituyente acorde a los lineamientos marxistas-leninistas de las FARC. Ese es el objetivo final, sin embargo, los proyectos de ley y de reforma los irán presentando durante este gobierno (algunos ya los tienen aprobados), mientras las mismas FARC logran tomarse el poder e imponer su propia Constitución. La Habana es, pues, el campo fértil para que los terroristas nos vayan imponiendo sus leyes en tanto que ellos acceden sin votos, pero triunfantes al poder.

Veamos ahora las bases de los primeros acuerdos, pues llaman mucho la atención:

1. Un banco de tierras

Ya está determinado que van a este banco entre 400 y 500 mil hectáreas incautadas a narcos. Además, cerca de un 1’000.000 que están en manos de agricultores, comerciantes y ganaderos que corrieron las cerca de manera ilegal, y que se recuperarían mediante 1.100 juicios agrarios, ya en marcha. También, las tierras que se apropiaron algunos con complicidad de funcionarios del Incora y el Incoder. Solo en Antioquia hay 1.000 resoluciones para recuperar entre 30.000 y 40.000 hectáreas. Asimismo irán al banco tierras las que, aunque adquiridas de buena fe, tienen origen ilegal. En estos casos habrá indemnización.

¿Las FARC van a incautar entre 400 y 500 mil hectáreas a narcos? Esto parece un chiste. En Colombia hoy en día el mayor cartel de la droga son las FARC, pero este delito también lo han negado sistemáticamente y el propio presidente Santos dijo que “hay que creerles”, así que vuelven a salirse con la suya. No serán las tierras que ellos han robado a terratenientes y campesinos para sembrar coca las que sean incautadas sino que ellos decidirán quién es “narco” y le quitarán sus parcelas muy seguramente bien habidas. Ahora bien, ¿qué significa “correr la cerca de manera ilegal”? Es posible que alguno que otro avivato  lo haya intentado, pero el  “juicio agrario”, figura traída de los cabellos, pero bastante revolucionaria, suena más bien a que los terroristas decidirán cuánta tierra pueden tener los terratenientes, campesinos, agricultores, etc., quienes deben prepararse para el inminente robo “legal” sobre su propiedad.

Pero de este párrafo lo que más me llama la atención es este pedazo: “Asimismo irán al banco tierras las que, aunque adquiridas de buena fe, tienen origen ilegal.” Esto es bastante ambiguo y puede dar lugar a muchas interpretaciones, pero viniendo de las FARC, que ambicionan el poder territorial para poder traficar libremente, no me cabe la menor duda que dará pie para que se inicien de las expropiaciones, tan populares en la Venezuela de Chávez.

Ya para terminar mis comentarios sobre este artículo, me detendré en su último párrafo:

3. Límite a frontera agrícola

Aunque la proporción es todavía parte de la negociación, se cerrará más la frontera agrícola para ponerle fin a la colonización desaforada y al uso inadecuado del suelo. Se trata también de preservar grandes reservas para el futuro.

Sobre este punto se reafirma el Polo Democrático Alternativo como auxiliador legal de las FARC en el Congreso mediante el proyecto de reforma constitucional que propusieron en agosto del año pasado para evitar la “extranjerización” de la tierra, con el que se pretende poner trabas a la inversión extranjera que intente hacer nuevos negocios en Colombia, y nacionalizar paulatinamente los negocios de las multinacionales ya establecidas en el territorio nacional, tal como lo hizo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Cristina Kirchner en Argentina. Medidas proteccionistas y estatistas que traerán consecuencias catastróficas para la economía y competitividad del país, que nos irán aislando, empobreciendo y atrasando cada vez más, con respecto a otros países latinoamericanos que no han cedido ante la conjura del socialismo de siglo XXI.

Ahora, para sorpresa de muchos y para rematar con las "buenas nuevas", el presidente del Senado, Roy Barreras, nos sorprende hoy con que tuvo que volar a La Habana con otros congresistas para estudiar la posibilidad de la elegibilidad de los terroristas encargos públicos para el 2014. Si las FARC pretenden lanzarse a la política para el próximo período de elecciones, confirma entonces el hecho de que en La Habana están sentando las bases para que a partir del próximo año sean ellos quienes legislen para su propia conveniencia y no a través de intermediarios como hasta ahora lo han tenido que hacer.

Esta situación ya es suficientemente grave pues efectivamente indica que son las FARC quienes nos gobiernan y que pretenden seguirlo haciendo a partir de un nuevo período en 2014. Todo esto, gracias a la Unidad Nacional de Santos y a la falta de oposición.