17 abr. 2013

"Paz" o democracia

Por @Ruiz_senior

Como en Colombia las palabras andan divorciadas de su significado, nadie parece darse cuenta de que la negociación del gobierno con las FARC es sencillamente la abolición de la democracia: lo que determina el rumbo del país no es la voluntad del pueblo sino la disposición de una banda criminal. A muy poca gente le importa eso, los representantes populares venden su voto a cambio de favores del gobierno empeñado en complacer a la organización terrorista y puede que de otros incentivos menos visibles; los que pueden entender la importancia del hecho son en su mayoría las clientelas de las FARC y los demás están acostumbrados a someterse y andan interesados en otras cosas.

De tal modo, la perspectiva de negociar las leyes con quienes las transgreden no indigna más que a unos pocos y los mismos políticos afines al expresidente perseguido no vacilan en mostrar entusiasmo por lo que en la jerga de la propaganda empieza a describirse como la "paz" a la peor manera de la propaganda totalitaria de la peor época estalinista. Los mueve a ello su ineptitud de todo tipo y su ceguera moral: sólo saben que si no aprueban la graciosa actitud de Santos serán descritos como "enemigos de la paz" y que no pueden enfrentarse a la formidable máquina de propaganda en que el gobierno se gasta los recursos comunes para promover su aventura.

Pero la dichosa "paz" llevaba mucho tiempo tramitándose en secreto y es el objetivo de todas las disposiciones importantes del gobierno: tanto la adhesión perruna al castrismo como disposiciones del tipo de la Ley de Víctimas son actuaciones que tienen por objeto complacer a la organización terrorista. Dicha ley es casi un compendio del gobierno Santos: se desvía una parte enorme del presupuesto a pagar pensiones de jubilación a los milicianos y a proveerles recursos a las redes de abogados y ONG dedicadas a rentabilizar las masacres, todo en manos de los jueces que hoy por hoy son uno de los gremios más característicamente controlados por el Partido Comunista a través de sus redes sindicales. No es ninguna sorpresa que se nombrara como jefe del reparto al hijo de Ernesto Samper (que con un millón de pesos de cada colombiano puede ir gestando su propia clientela con vistas a una carrera presidencial) ni que al aprobarse la ley el ínclito Germán Vargas Lleras estallara en carcajadas de satisfacción.

Esa ley, entre muchas otras actuaciones como el Marco Legal para la Paz o la legalización del partido armado, muestra simplemente al gobierno convertido en un apéndice de la organización terrorista, a cuyo servicio se pone el Estado. Es el precio de una negociación de paz concebida en esos términos y eso simplemente porque la única función del Estado es aplicar las leyes y al plantearse la alianza de sus dirigentes con quienes las transgreden se lo deja sin función, convertido en una máquina que sirve a quien la controla, que a su vez no puede imponerse sobre sus aliados porque ya admitió premiar las fechorías que inevitablemente multiplicarán.

Luego, se debe inferir que la abolición de la democracia interesa a muy poca gente, a nadie entre los profesionales de la política, que últimamente andan dedicados a mejorar la negociación, sin la menor duda en busca de un sitio en la mesa (por eso se proclama Francisco Santos defensor de las víctimas de las FARC). Los pretextos de esa oposición son ridículos: la impunidad de los jefes terroristas no es el problema primero porque ya están a salvo en Cuba y segundo porque se ha ido mucho más lejos que eso, promoviendo los crímenes y asegurando su premio. Pero hay otro motivo: ¿cómo es que los grupos terroristas supuestamente desmovilizados en los ochenta y noventa si quedaron impunes sin que esos políticos lo cuestionaran? El M-19 no sólo se libró de cualquier castigo por las atrocidades que cometió, sino que sus jefes ocuparon ministerios y embajadas.

Lo mismo ocurre con la elegibilidad: el escándalo porque Timochenko pueda ser elegido congresista pasa por alto que el propio vicepresidente actual, aliado intermitente de Uribe y su combo, era su superior en la organización terrorista en los años ochenta (pues las FARC eran abiertamente el brazo armado del Partido Comunista, de cuyo Comité Ejecutivo Central, el órgano que dirigía las actividades del brazo armado, formaba parte el vicepresidente de la Unión Patriótica), o que agentes abiertos del terrorismo como Iván Cepeda o Gloria Inés Ramírez sean representantes y senadores.

Como ya he explicado muchas veces, lo que buscan esos políticos uribistas es encauzar el descontento en favor de sus propios intereses, que no son ciertamente el principio de no premiar el crimen sino la proporción de poder que obtendrían accediendo a premiarlo. Protestando por la impunidad le hacen creer a la gente que se oponen a una negociación que en realidad aprueban. Matizando una "paz" cuyo sentido de lenguaje pervertido y perverso comparten con los terroristas y con el gobierno pro-terrorista.

El gran obstáculo al que se enfrenta quien quiera plantear la restauración de la democracia es el éxito anterior de los terroristas, y en el fondo el sentido mismo de sus acciones, que es sólo la preservación de las diferencias jerárquicas de la sociedad tradicional y la provisión de rentas para las castas superiores, a salvo de la competencia o la equidad (es decir, lo que tiene delante la democracia no es una usurpación sino la forma de vida tradicional). Si una sociedad no puede premiar a los terroristas no tiene sentido que se haya hecho precisamente eso con el M-19 y los demás, cuyos intereses quedaron garantizados por la Constitución de 1991. Por tanto, esa constitución y esos procesos de paz deben ser cuestionados si se quiere que haya democracia, porque en gran medida la expansión terrorista posterior es su resultado: desde el Estado y gracias al éxito alcanzado por la suma del interés de las clientelas del terrorismo y la indiferencia del resto, los criminales impunes se dedicaron a cobrar los crímenes de los que persistían y a impedir a toda costa que se los combatiera. No otra cosa han hecho desde entonces el Partido Comunista y el M-19, socios junto con las FARC y el ELN del Foro de Sao Paulo. Todo el mundo puede comprobarlo examinando las actuaciones del Polo Democrático, que es la suma de ambas formaciones.

Del mismo modo, todas las disposiciones de este gobierno y de este legislativo que tienen por objeto legitimar y promover a las FARC deben ser derogadas. (El supuesto fundamental de la Ley de Víctimas es la igual legitimidad del Estado y los terroristas.) Los representantes elegidos y los funcionarios que se han pronunciado a favor de la renuncia de la ley deben ser denunciados por prevaricato, y en todo caso repudiados públicamente (por ejemplo, los que dicen que es preferible que los jefes terroristas estén haciendo leyes y no matando gente: Alfredo Garavito de ministro de Educación y no violando niños y matándolos para quedar impune).

Esos objetivos son obviedades para cualquier demócrata pero no tienen nada que ver con los designios de los uribistas (aunque en todo caso la acusación de Semana de que Uribe intentaba negociar con las FARC es otra burda falacia: no necesariamente se plantearía poner el Estado a su servicio, podría ofrecerles condiciones para que se acogieran a la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo). Puede que hoy en día plantear esos objetivos sea una actitud minoritaria, pero renunciando a ellos no se puede hablar de democracia sino compartiendo el lenguaje corrompido del régimen y sus socios terroristas.

No se trata de encarcelar a los criminales de las diversas bandas supuestamente desmovilizadas en el siglo pasado, sino de arrancarles la legitimidad que unos corruptos les dieron y sobre todo el control sobre el poder judicial.

Y así como nunca ha sido lícito negociar las leyes por encima de las urnas y este gobierno lo hace además contrariando el mandato ciudadano, también ha de ser un objetivo irrenunciable desconocer lo que Santos y sus socios puedan acordar en La Habana: ¿qué pueden hacer si se forma una mayoría que se opone a aceptarlo? El único camino de Santos es la implantación de una dictadura como la que avanza en Venezuela, pero a eso se contribuye negándose a denunciar el rumbo que ha tomado.

El papel del uribismo queda resumido en eso: encauzar el descontento hacia una componenda en la que sus dirigentes pueden resultar beneficiados de él, exactamente a la manera de Santos, que también ganó las elecciones encarnando el anhelo continuista y después ha obtenido gobernabilidad y aprobación por parte de los medios internacionales gracias a que produce la impresión de ser hostil a Uribe, a quien identifican con Bush (amén de otros intereses menos confesables, como los del grupo Prisa, editor de El País, antiguo socio de los clanes oligárquicos y dueño de Caracol Radio).

Por eso es evidente que ningún líder uribista se comprometerá a derogar esas leyes y a desconocer todo lo que el gobierno acuerde con las FARC en La Habana, ni siquiera el mismo expresidente, cuyos fines reeleccionistas siguen siendo una sospecha muy verosímil (por eso el silencio respecto a la última arremetida del dóberman Silva Luján).

Esa actitud no sólo debilita y falsea la resistencia a la infamia de la negociación, que a fin de cuentas es el objetivo de los crímenes y que alienta a la organización terrorista y a sus patrocinadores cubanos y venezolanos a multiplicar el reclutamiento y la extorsión, sino que incluso afecta a la aspiración de los candidatos uribistas: de ningún modo pueden encarnar realmente el descontento si al final sólo encarnan una crítica constructiva (esta expresión era la corriente en personajes como Óscar Iván Zuluaga o Marta Lucía Ramírez hasta bien entrado 2012) y un interés mezquino en el reparto del ganado que tiene lugar en La Habana: el original es siempre preferible a la copia, si es por negociar las leyes, la gente aceptará lo que hace Santos, o en todo caso se abstendrá (es lo que ocurrirá, lo que da lugar a la alegría de Vargas Lleras: el dinero repartido entre las clientelas para comprar votos le asegurará la elección a él o a su socio mientras que la mayoría quedará apática y confundida, tal como lo estaba en 1991 tras los carros bomba del M-19 y Pablo Escobar).

El que quiera la democracia tiene que entender que está en minoría y que la vieja política no puede ser una salida, tal como los gobiernos de Uribe fueron reemplazados tranquilamente, con los votos de la gente bienintencionada, por los más descarados promotores y socios del terrorismo. Lo que se acuerde en La Habana no se debe acatar, no representa a los ciudadanos, y el poder obtenido por asesinos, secuestradores y traficantes de drogas debe ser cuestionado, tanto sus capitales (que son uno de los principales aspectos de la negociación de paz, lo que seguramente despierta tantos entusiasmos en el Congreso, en el poder judicial y en la prensa) como su control sobre instituciones. Eso comporta sin alternativa derogar también la Constitución de 1991.

Bueno: tiene razón el que diga que eso no es realista. El realismo en Colombia consiste en la disposición a mentir. Con ese orden de partido armado, pues efectivamente el Polo Democrático y en realidad el propio Partido Liberal siguen combinando las formas de lucha con las FARC, cobrando sus crímenes, no hay democracia, ni la hay si los criminales imponen su ley. ¿Es arduo el camino para conseguirla? Seguramente, lo que no es realista, salvo en los cálculos "profesionales" de los lambones, es que vaya a remediarse algo adhiriendo a los viejos politiqueros que ni siquiera fingen oponerse a que los niños bomba sean la fuente del derecho.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Vale la pena leer lo que dijo Navarro Wolff en el debate de hoy en la Javeriana.

Anónimo dijo...

Y el ipo ha sido gobernador y, seguramente en la mente de muchos, "presidenciable": No hay nada de malo en negociar las instituciones con asesinos porque supuestamente esa fórmula lleva a menos muertes.

Un gran demócrata/humanista el tipo.

Anónimo dijo...

Este escrito es la viva realidad de lo que pasa en nuestro país y lo que nos espera en un futuro....muy incierto por demás.